Veeduría en Salud pide aclarar nombramiento del nuevo interventor de Coosalud EPS

La Veeduría en Salud Color Esperanza solicitó al Gobierno Nacional una explicación pública sobre los criterios que sustentaron la designación del nuevo agente interventor de Coosalud EPS, tras las inquietudes que han surgido alrededor de este nombramiento.

A través de un pronunciamiento, la organización expresó su preocupación por las versiones que han circulado en distintos sectores sobre un presunto vínculo familiar entre Mauricio Jaramillo, recientemente designado como agente interventor de Coosalud EPS, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Sin embargo, la veeduría precisó que no afirma ni da por cierta dicha información, pero considera necesario que las autoridades competentes aclaren públicamente la situación para evitar especulaciones y fortalecer la confianza ciudadana en las decisiones relacionadas con las EPS intervenidas.

“Los colombianos merecen respuestas claras. La confianza ciudadana se fortalece cuando las instituciones actúan con transparencia, rinden cuentas y despejan oportunamente cualquier duda que pueda surgir sobre sus actuaciones”, señaló la organización en su comunicado.

La Veeduría en Salud Color Esperanza manifestó que, en caso de confirmarse la existencia de algún vínculo familiar, corresponderá a los organismos de control determinar si existe o no una situación que pueda afectar la transparencia, independencia o imparcialidad de las decisiones adoptadas. Por ello, insistió en la necesidad de que se den a conocer de manera detallada los criterios técnicos, profesionales y administrativos que respaldaron la designación.

Asimismo, la entidad expresó preocupación por los constantes cambios en las intervenciones de las EPS, mientras persisten dificultades en la prestación de los servicios de salud para millones de usuarios en todo el país. Según indicó, continúan registrándose barreras para el acceso a consultas médicas, entrega de medicamentos, autorizaciones y tratamientos especializados.

La organización recordó que la Ley 850 de 2003 faculta a las veedurías ciudadanas para ejercer vigilancia sobre la gestión pública y sobre las entidades que prestan servicios de interés público, con el propósito de garantizar la transparencia y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, la Veeduría en Salud Color Esperanza solicitó formalmente al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a los organismos de control que se pronuncien sobre las inquietudes planteadas y garanticen que todas las decisiones relacionadas con las EPS intervenidas se adopten bajo criterios de mérito, idoneidad, transparencia y respeto por el interés general.