El enemigo en jefe

Por Silverio José Herrera Caraballo
En Colombia, donde la institucionalidad debería ser el dique de contención frente al crimen organizado, hoy asistimos a un episodio que raya en lo absurdo: una mina de oro señalada por explotación ilegal operando a escasos metros (e incluso dentro) de una instalación militar. Y lo más grave, según investigaciones periodísticas, es que el título minero de ese mismo predio fue entregado por el propio Gobierno Nacional.

Así es difícil. Así, el enemigo no siempre está en la selva: puede estar en las decisiones del poder.

El caso de la mina “La Mandinga”, ubicada en el municipio de Cáceres, Antioquia, ha destapado una tormenta política y moral. Investigaciones reveladas por medios como El Tiempo y replicadas por distintos portales señalan que el presidente Gustavo Petro entregó el título minero de este predio, el cual hoy aparece vinculado a explotación ilegal de oro en inmediaciones del Batallón Rifles.

Pero la situación va mucho más allá de una simple contradicción administrativa. Según reportes internacionales, incluso el New York Times advirtió que en esa zona operan estructuras criminales extrayendo oro ilegalmente, en algunos casos dentro del perímetro militar, lo que plantea preguntas demoledoras sobre el control territorial del Estado.

¿Quién manda realmente en esos territorios? ¿El Estado o las mafias?
La gravedad del asunto aumenta cuando se conoce que este predio, de aproximadamente 2.000 hectáreas, habría estado bajo procesos de extinción de dominio y vinculado a estructuras criminales. Y aun así, terminó siendo objeto de formalización minera. Es decir, mientras la Fuerza Pública combate (o intenta combatir) la minería ilegal, desde el mismo Estado se otorgan títulos en zonas donde el control es, por decir lo menos, dudoso.
Cambio

No se trata aquí de negar la necesidad de formalizar la minería artesanal, una deuda histórica con miles de colombianos. Pero otra cosa muy distinta es hacerlo en territorios infiltrados por organizaciones como el Clan del Golfo, cuya financiación depende en gran parte de la explotación ilegal de oro.

La minería ilegal no es un delito menor: es uno de los motores del conflicto armado moderno en Colombia. Supera incluso al narcotráfico en algunas regiones como fuente de financiación criminal, con impactos devastadores en el medio ambiente y en la seguridad nacional.

Y entonces surge la contradicción más dolorosa: soldados arriesgando la vida para contener economías ilegales… mientras decisiones desde el poder parecen abrirles la puerta.

El propio Ministerio de Defensa ha tenido que salir a anunciar investigaciones para verificar si hay connivencia o negligencia dentro de la Fuerza Pública frente a estas actividades ilícitas. Pero la pregunta incómoda sigue en pie: ¿por qué se llega a ese punto? ¿Quién responde por el origen del problema?

El Colombiano
Las imágenes que circulan (como la publicada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón) no son un simple elemento simbólico. Representan una narrativa política potente: un presidente entregando títulos en territorios donde el Estado no controla plenamente. Y en política, la percepción pesa tanto como la realidad.

Aquí no hay espacio para ambigüedades. O se combate de manera frontal la minería ilegal, o se termina legitimando por omisión o por error. Lo que no puede ocurrir es este doble discurso donde se habla de legalidad mientras los hechos muestran otra cosa.
Colombia no resiste más incoherencias. En un país golpeado por la violencia, donde hace apenas días se registraban atentados terroristas y escaladas criminales, la ciudadanía necesita claridad, autoridad y coherencia. No puede ser que mientras unos combaten, otros (desde el escritorio) terminen debilitando esa lucha.

Por eso el título de esta columna no es exagerado, es una advertencia: cuando las decisiones del poder contradicen la seguridad del Estado, el enemigo deja de ser externo.
Y pasa a estar en casa.