Los Calamares no necesita más confrontación: necesita respuestas, diálogo y soluciones reales
La comunidad no puede terminar enfrentada con la Policía por una crisis del servicio de energía
Por Andrés Ochoa
Presidente – Veeduría en Salud Color Esperanza
La protesta social es uno de los pilares de toda democracia. En Colombia, el artículo 37 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.
A ello se suman los artículos 2, 20, 40 y 95, que establecen la obligación de las autoridades de garantizar los derechos fundamentales, promover la participación ciudadana y proteger la convivencia democrática.
Bajo ese marco constitucional, lo que hoy ocurre en el barrio Los Calamares, en Cartagena, exige una respuesta inmediata de las instituciones y de la empresa responsable de la prestación del servicio de energía eléctrica.
Los habitantes del sector tienen pleno derecho a reclamar soluciones frente a las reiteradas fallas en el suministro eléctrico.
Ese inconformismo es legítimo y merece ser atendido con prontitud, transparencia y responsabilidad.
Lo que no puede ocurrir es que una crisis derivada de un servicio público esencial termine convirtiendo a la Policía Nacional en el escenario de confrontación entre la ciudadanía y las instituciones.
La Policía Nacional no presta el servicio de energía, no decide sobre los cortes del suministro ni administra la empresa prestadora. Su misión constitucional consiste en proteger la vida, garantizar la seguridad ciudadana y preservar la convivencia pacífica.
Conviene recordar que los policías también hacen parte de la sociedad. Son ciudadanos, padres, madres, hijos y miembros de familias que, en muchos casos, también padecen las mismas dificultades que hoy afectan a la comunidad.
Por ello, rechazamos cualquier acto de violencia o agresión contra los integrantes de la Fuerza Pública.
Al mismo tiempo, recordamos que toda actuación policial debe desarrollarse bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto por los derechos humanos, conforme a la Constitución Política, la Ley 1801 de 2016 y el Decreto 003 de 2021.
La protesta pacífica nunca debe confundirse con actos de vandalismo. Cuando aparecen agresiones contra personas, ataques a bienes públicos o privados o acciones violentas contra la Fuerza Pública, esas conductas dejan de estar amparadas por el derecho constitucional a la manifestación y corresponde al Estado intervenir para proteger la vida, la integridad y la convivencia, siempre dentro del marco del debido proceso y del respeto por los derechos fundamentales.
Sin embargo, tampoco resulta aceptable que la respuesta institucional frente al descontento ciudadano se limite al despliegue de la fuerza pública.
La verdadera solución consiste en atender las causas que originan el conflicto y no únicamente sus consecuencias.
Desde la Veeduría en Salud Color Esperanza hacemos un llamado urgente al Alcalde Mayor de Cartagena, a la Gobernación de Bolívar, a la Secretaría del Interior, a la Personería Distrital, a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional y a la empresa Afinia, para que instalen de manera inmediata una Mesa Pública de Trabajo, con participación activa de la comunidad del barrio Los Calamares.
Los ciudadanos necesitan respuestas claras, compromisos verificables y soluciones concretas. Escuchar a la comunidad no puede seguir siendo una tarea pendiente mientras la tensión social aumenta.
No es admisible que quienes hoy reclaman un servicio público digno terminen enfrentándose con quienes tienen el deber constitucional de protegerlos, mientras el problema de fondo continúa sin resolverse.
Los habitantes de Los Calamares merecen respeto. La Policía Nacional también merece respeto.
Los derechos de ambas partes deben ser garantizados por el Estado, sin excepciones.
Cartagena necesita instituciones que privilegien el diálogo sobre la confrontación, empresas que asuman con responsabilidad sus obligaciones frente a los usuarios y autoridades capaces de liderar soluciones oportunas antes de que los conflictos escalen.
Cuando falla el diálogo, pierde la comunidad. Cuando la confrontación sustituye las respuestas, pierde el Estado. Y cuando los ciudadanos terminan enfrentados con la Fuerza Pública por problemas que corresponden a otras entidades resolver, pierde toda la sociedad.
Desde la Veeduría en Salud Color Esperanza reiteramos nuestro llamado a las autoridades, a los organismos de control, a la empresa prestadora del servicio de energía y a la comunidad para construir soluciones mediante el diálogo, la concertación y el respeto por la Constitución.
Defender los derechos ciudadanos no significa promover la confrontación. Significa exigir respuestas con firmeza, responsabilidad y dentro del Estado de Derecho, siempre con absoluto respeto por la vida, la dignidad humana y la convivencia pacífica.
