¿Quién protege a la justicia de los disparates?

La decisión de admitir una tutela contra los futbolistas James Rodríguez, Luis Díaz y la Federación Colombiana de Fútbol por una supuesta «traición a la patria» debería encender las alarmas sobre el uso responsable de la administración de justicia en Colombia.

La acción fue admitida por el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Suba, en Bogotá, luego de que un ciudadano presentara una tutela relacionada con un video generado mediante inteligencia artificial que circuló en redes sociales y que fue asociado a la campaña «Firmes por la Patria» del abogado Abelardo De La Espriella.

Mientras millones de colombianos esperan respuestas en procesos de salud, pensiones, seguridad, violencia intrafamiliar y corrupción, resulta inevitable preguntarse si este era realmente un asunto que requería la intervención de un juez constitucional.

La tutela es uno de los mecanismos más importantes creados por la Constitución de 1991 para proteger derechos fundamentales. Precisamente por su importancia, su utilización debe responder a criterios serios y razonables.

Cuando termina empleándose para controversias que parecen más propias del debate político o de las redes sociales, el sistema judicial corre el riesgo de perder credibilidad ante los ciudadanos.

Más llamativo aún resulta que la controversia se origine en un video generado con inteligencia artificial y en una interpretación política de una celebración futbolística.

Según la información conocida, en las imágenes ni siquiera aparecía James Rodríguez, sino Daniel Muñoz junto a Luis Díaz durante la celebración de un gol de la Selección Colombia.

La ciudadanía tiene derecho a cuestionar si este tipo de actuaciones contribuyen a fortalecer la confianza en la justicia o si, por el contrario, alimentan la percepción de que algunos despachos están desconectados de las verdaderas urgencias del país.

Los jueces deben contar con independencia para ejercer su función, pero esa independencia también exige responsabilidad. Cada decisión judicial tiene consecuencias sobre la imagen institucional de la Rama Judicial y sobre la confianza pública en el Estado de Derecho.

Por ello, cuando una actuación genera cuestionamientos legítimos por su aparente falta de fundamento jurídico, corresponde a los organismos competentes evaluar si se actuó dentro de los parámetros de razonabilidad y eficiencia que exige el cargo. No para perseguir a nadie, sino para garantizar que la administración de justicia esté enfocada en resolver los problemas que realmente afectan a los colombianos.

Porque mientras miles de expedientes permanecen represados en los despachos judiciales, el país observa con incredulidad cómo recursos humanos y tiempo institucional se destinan a estudiar una supuesta «traición a la patria» derivada de un video manipulado con inteligencia artificial.

Y esa realidad merece una reflexión profunda sobre las prioridades de la justicia colombiana.