Supersalud retoma el control de Coosalud EPS y nombra nuevo interventor tras decisión del Tribunal de Bolívar

La Superintendencia Nacional de Salud retomó oficialmente el control de Coosalud EPS S.A. y designó un nuevo interventor, luego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar revocara la medida cautelar que había devuelto temporalmente la administración de la entidad a particulares.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 2026320030006232-6 del 28 de mayo de 2026, firmada por el superintendente Daniel Quintero Calle, en cumplimiento del Auto 108 del 20 de mayo de 2026 emitido por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Con esta determinación, la Supersalud recupera el manejo integral de una de las EPS más importantes del país, que presta servicios a millones de afiliados, especialmente en la región Caribe.

Nuevo interventor
Tras la salida del interventor temporal Jorge Orlando Suárez Burgos, la Superintendencia designó como interventor sustituto temporal a Luis Fernando Pupo Padrón, quien se desempeñaba dentro de la planta de personal de Coosalud EPS.

El nuevo funcionario tendrá la responsabilidad de liderar el proceso de transición y ejecutar las acciones administrativas, financieras y técnicas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios de salud y corregir las falencias detectadas por los organismos de control.

Diez días para implementar medidas urgentes
Según la orden judicial, la Supersalud contará con un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la entrega material de la administración, para adoptar medidas urgentes orientadas a superar los problemas estructurales que motivaron la intervención.

Asimismo, fue ratificada Gladys Séfora de las Mercedes Asprilla Coronado como contralora de la medida, con el objetivo de garantizar la vigilancia y transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la salud.

Una disputa que se prolongó por más de un año

La intervención de Coosalud comenzó el 22 de noviembre de 2024, cuando la Supersalud ordenó la toma de posesión forzosa debido a presuntas fallas en la prestación de los servicios y en su situación administrativa y financiera.

Posteriormente, el 21 de noviembre de 2025, la medida fue prorrogada hasta noviembre de 2026 ante la persistencia de los hallazgos.

Sin embargo, en abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Bolívar había suspendido provisionalmente la intervención y ordenado devolver la administración a particulares.

Esa decisión fue revertida el pasado 20 de mayo mediante el Auto 108, que dispuso el regreso inmediato del control estatal.

Procuraduría y Contraloría vigilarán el proceso
El Tribunal Administrativo de Bolívar también ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República realizar un acompañamiento especial y permanente al proceso de intervención, con el propósito de proteger los recursos públicos y garantizar la moralidad administrativa.

La resolución expedida por la Superintendencia Nacional de Salud quedó en firme y no admite recursos, por lo que su cumplimiento es inmediato.