Cartagena no puede seguir siendo rehén del desorden vial

Cada vez que un cartagenero sale de su casa para conducir, caminar o simplemente cruzar una calle, se enfrenta a un enemigo silencioso: la imprudencia. No es un problema menor ni aislado. Se ha convertido en una crisis de cultura ciudadana que cobra heridos, enluta familias y genera una creciente sensación de que en las vías reina la ley del más fuerte.

Las motocicletas son hoy una herramienta fundamental para miles de trabajadores, estudiantes y padres de familia.

Gracias a ellas muchas personas llevan el sustento a sus hogares. Sería injusto estigmatizar a todo un gremio por el comportamiento irresponsable de algunos. Pero también sería un error cerrar los ojos ante una realidad que cualquier ciudadano puede comprobar a diario.

En Cartagena abundan los motociclistas que conducen sin licencia, sin seguro, sin revisión técnico-mecánica, sin casco reglamentario o sin respetar un solo semáforo. Invaden los carriles exclusivos de Transcaribe, circulan en contravía, adelantan por donde no deben y ponen en riesgo la vida de peatones y conductores. Lo más preocupante es que muchos reinciden una y otra vez sin que las sanciones parezcan generar el menor efecto.

La pregunta es inevitable: ¿están funcionando las normas actuales?
El debate sobre la posibilidad de endurecer las sanciones, incluso con medidas excepcionales para quienes convierten sus motocicletas en instrumentos permanentes de ilegalidad o de grave peligro para la comunidad, merece darse con seriedad. No desde la rabia ni desde el populismo, sino desde el derecho y la protección de la vida.

La extinción de dominio, tal como existe hoy en Colombia, no aplica a las simples infracciones de tránsito. Es una figura destinada a bienes relacionados con actividades ilícitas. Sin embargo, eso no significa que el Estado deba resignarse a la impunidad.

Hay espacio para revisar la legislación, fortalecer los mecanismos de inmovilización, cancelar licencias a reincidentes, aumentar las sanciones y garantizar que quien demuestre desprecio sistemático por las normas no continúe poniendo vidas en peligro.

Pero la exigencia debe ser para todos. También para conductores de buses, taxis, automóviles y vehículos oficiales. Y, sobre todo, para aquellos funcionarios de tránsito o miembros de la fuerza pública que incumplen las mismas normas que están llamados a hacer respetar. La ley pierde legitimidad cuando no se aplica con igualdad.

Cartagena necesita una transformación cultural, pero también institucional. La educación vial es indispensable, aunque por sí sola no basta. Sin controles permanentes y sin sanciones que realmente se cumplan, el mensaje seguirá siendo que infringir la ley no tiene consecuencias.

Cada accidente fatal representa una tragedia que pudo evitarse. Cada familia que pierde a un ser querido merece algo más que estadísticas y discursos. Merece autoridades decididas a recuperar el orden en las vías.

No se trata de perseguir motociclistas. Se trata de defender la vida. Porque ninguna prisa, ningún ahorro de tiempo y ningún acto de imprudencia valen más que la existencia de un ser humano.

Cartagena necesita recuperar el respeto por las normas antes de que la próxima víctima sea cualquiera de nosotros.